En la misma línea de
una denuncia similar impulsada internacionalmente por la
organización Center for Constitutional Rights, los
representantes de estos organismos de DDHH sostuvimos la
responsabilidad por las torturas, malos tratos y crímenes de
guerra cometidos por las tropas yanquis en Afganistán,
Guantánamo y en Irak, más precisamente en la prisión de Abu
Ghraib.
Las torturas cometidas por
los militares, por la CIA, y por mercenarios contratados,
contaron con la participación criminal de Donald Rumsfeld. La
denuncia, que quedó radicada ante el juez Bonadio,
sostiene que "el acusado es, junto a otros, tan responsable
como los perpetradores directos, dada su posición de comando
organizacional de los delitos aquí descriptos."
"Donald Rumsfeld es
directamente responsable de las violaciones, ya que ordenó,
solicitó, indujo, incitó crimenes de guerra y torturas. Fue
comandante civil sobre las fuerzas militares bajo su control".
Tuvo el control sobre los individuos que cometieron tales
crímenes y nada hizo por evitarlos. A pesar que admitió la
comisión de torturas en la cárcel de Abu Ghraib, no existen
cargos o acciones disciplinarias en su contra y los
denunciantes aseguran que jamás la habrá.
Ni en EEUU, ni en Irak ni
como consecuencia de la implementación del T.P.I., será
perseguido penalmente Donald Rumsfeld por los delitos de
lesa humanidad que cometió. Es por eso que Argentina, como
firmante de tratados internacionales humanitarios que ordenan
la cooperación internacional para la detención, extradicción y
castigo de los culpables de crímenes de lesa humanidad, está
en inmejorable posición ante la presencia del criminal
Rumsfeld de detenerlo y juzgarlo por los delitos conocidos
internacionalmente.
LOS PARAPOLICIALES DE
DON ALFREDO
Alfredo Coto se presenta como un
empresario argentino que da trabajo, como un exponente de la
"burguesía nacional" que invierte en el país. Se promociona
como el supermercadista argentino por oposición a los
transnacionales de Walmart o Carrefour. Tan nacional que no
dudó, el 19 de diciembre del 2001, en ordenar a sus
empleados enfrentar armados a los hambreados que
amenazaban saquear sus locales, bajo amenaza de pasar a
engrosar la lista de desocupados si se negaban a
hacerlo.
Esta semana Coto fue de nuevo
noticia, por la pelea de los burócratas
sindicales por su tajada gremial. Los trabajadores que
cargan y descargan la mercadería en los depósitos están
incluidos en el gremio
del menemista Cavalieri. Por supuesto, no se
sabe que Cavalieri jamás haya defendido a los empleados
de esas cadenas de remarcación de precios, pero a la
hora de confrontar por un mendrugo de la cotización,
salió a dar pelea con apoyo de la patronal, como
suele ocurrir.
El ex rodriguez saadista y
actual kirchnerista Hugo Moyano tercia en esa disputa. Los
muchachos de los supermercados no se quieren quedar con
Cavalieri sino con Moyano, simplemente porque con el convenioo
de camioneros van a cobrar más. Este mismo entuerto ya se dio
en otra empresa supermercadista, y esta semana estalló en
Coto. El bloqueo a la planta de Esteban Echeverría no
permitía salir ningún camión para las distintas
sucursales y don Coto ya había despedido a 17 trabajadores
díscolos.
Y el empresario nacional
-como en la época de los saqueos- mandó a sus gorilas
de seguridad privada con balas de goma y gases
lacrimógenos contra los trabajadores. Como los grandes
terratenientes brasileños o los empresarios colombianos, los
muchachos de Don Coto reprimen sin asco. Nadie entiende cómo
la empresa de seguridad que cuida a Don Coto cuenta con
agresivos químicos o con proyectiles antitumultos, cuando
supuestamente la represión sigue siendo facultad del
estado.
Sin embargo, esta última
inquietud quedó superada cuando al día siguiente, para
defender a los intereses de Don Alfredo, apareció otro "para",
el fiscal Daniel Gualtieri de Lomas de Zamora, que ordenó a la
policía bonaerense desalojar a los camioneros que protestaban
frente a la planta del empresario nacional.
Más balas de goma y gases
que se terminaron cuando K vio que se arruinaba la fista
programada para anunciar los números del canje de la
deuda. Colorín colorado, Don Coto tiene el poder para
reprimir, los burócratas se pelean por todo menos por los
derechos de los trabajadores, y la represión se negocia, en la
conciliación obligatoria.
ENRIQUEZ Y LA FEDERAL
VUELVEN AL ATAQUE
El Diputado Jorge Enríquez no es
un recién llegado en la defensa del aparato represivo. Su amor
por la Policía Federal Argentina y su deseo de reprimir al
pueblo han sido permanentes.
Es el mismo funcionario
que en 1998 recorría los barrios para defender los edictos
policiales de la mano del entonces Superintendente de
Seguridad Metropolitana Santiago Fernández (alias el “Gordo”),
que luego propuso las versiones más represivas de reforma del
Código Contravencional, que trató de regular el derecho de
reunión hasta extinguirlo, que tiene tanto odio (y temor)
hacia el pueblo que fue uno de los principales impulsores de
la causa contra los manifestantes que reclamaban contra la
reforma del Código Contravencional, que lucha militantemente
contra el aborto, contra Cuba y contra los piqueteros, que
mantiene sus raíces radicales delarruístas (a pesar de su paso
por el lopezmurphysmo y el machismo).
Ahora insiste
nuevamente con un proyecto que ya fue rechazado en anteriores
oportunidades. A través del despacho 1152 de la Comisión de
Seguridad (que él preside), quiere que la Legislatura de la
Ciudad premie cada año a un policía “que se destaque por sus
actos en defensa de las instituciones democráticas, en el
ejercicio y aplicación de los derechos humanos y/o servicios
comunitarios.”
Define a la Federal como vigilante la
seguridad y tranquilidad del pueblo de la Ciudad, asegura sin
vergüenza que “la distinción será un premio de la Democracia”
y elogia el accionar policial el día 16 de julio ppdo., con
afirmaciones tan disparatadas como que “los miembros de la
policía federal (…) desarrollaron una tarea absolutamente
pasiva, sin pasar a la acción de reprimir el vandalismo, lo
que demostró su profesionalidad, su valentía y su temple.” El
primer premiado que se propone es precisamente uno de los que
intervinieron en dicho operativo, como resultado del cual
todavía tenemos 15 presos políticos.
Enríquez no es el
único que apoya este proyecto, que ni siquiera es razonable
desde un punto de vista burgués (ya que la Ciudad Autónoma
establecería un premio exclusivo para un miembro de una
organización de carácter nacional). Dieron su apoyo en la
comisión de seguridad los diputados Marina Pérez (del Partido
de la Ciudad encabezado por Jorge Giorno, aliado de Ibarra),
Paula Bertol (macrista), Helio Rebot (ahora kirchnerista, pero
al momento del despacho aún machista) y en disidencia parcial
(cuyo alcance no aclara) Silvia La Ruffa (kirchnerista, aunque
subió en la lista de la alianza entre Bullrich y López
Murphy). El sistema los cría y ellos se amontonan
solos.
LA POLICÍA DE
MERCEDES
Cuando se habla de gatillo fácil,
torturas o detenciones arbitrarias, el común d ela gente suele
pensar en la Bonaerense, y en especial la del conurbano, como
paradigma de "policía brava". Desde CORREPI enfatizamos,
sostenidos en los datos de nuestros archivos, que la policía
del Gran Buenos Aires no se diferencia demasiado de la de
cualquier otro punto del país, aunque la frecuencia de los
casos, fruto de la mayor concentración poblacional, pueda
mover a confusión.
Del mismo modo, no hace falta mirar
el conurbano bonaerense para encontrar a la maldita policía
(que es toda la policía). A 10 km. de la ciudad de Buenos
Aires está la muy tranquila, católica y prolija ciudad de
Mercedes, renombrada por sus salames quinteros, y por ser la
cuna de la familia Videla. El 20 de febrero pasado Ramiro
Villalba, de 20 años de edad, caminaba con un amigo mayor de
edad por la céntrica avenida 29. Entre las calles 22 y 24
había un móvil policial, y dentro de él un chico de no más de
12 años. Movido por la curiosidad, Ramiro -en buenos términos-
le preguntó a uno de los policías por qué estaba detenido el
menor. El oficial, en tono destemplado le respondió "¿Qué te
importa?" para descargar luego una buena cantidad de
insultos.
Los dos jóvenes continuaron su marcha por
avenida 29. No habían recorrido 50 metros escucharonn la voz
policial que les mandaba detenerse. Luego, un policía se
abalanzó sobre Ramiro y lo derribó, golpeándolo fuertemente
contra el piso. En el mismo patrullero, los efectivos
policiales Luis Oteiza y José Barraza lo transportaron a la
comisaría. Antes de ingresarlo a una celda uno de los
mencionados policía la emprendió a golpes contra él, en una
verdadera paliza que era observada por otros siete policías
imperturbables. De los golpes le quedaron marcas en los
brazos, las costillas y una lastimadura en la parte interior
del labio.
"Después se me acerca uno que me dijo que
era subcomisario, estaba de civil, me empezó a decir que en la
policía eran seres humanos y que si a uno lo putean
reacciona", contó Ramiro Villalba a los diarios locales. "En
esa conversación ese hombre de la remera rosa intentó excusar
el comportamiento policíaco", recalcó el joven. El individuo
ha sido identificado como el subcomisario Marino. A las 8.30
Ramiro recuperó su libertad, después de que sus padres
concurrieran a la comisaría.
Por supuesto que en los
papeles inventaron una detención fundada en el art. 9º inc. 1º
de la ley 12.155, o sea la vieja y siempre útil Averiguación
de Antecedentes (o "establecimiento de identidad", como dicen
para que suene mejor). Y como de costumbre aparece en el
sumario policial un certificado de que fue revisado por un
médico en la comisaría que no encontró lesión alguna. De más
está aclarar que ningún médico lo vio mientras estuvo
detenido, y que luego de su soltura se verificaron en el
hospital las múltiples lesiones padecidas.
Los padres
de Ramiro, Héctor Villalba y Fabiana Maleplate, hicieron de
inmediato la denuncia judicial, que acompañaron con la
denuncia pública en los medios de comunicación de la ciudad.
Se pusieron en contacto con CORREPI y con organizaciones
locales, y están interviniendo a través de su abogado para
impulsar la causa penal.
CASO BULACIO: COMO
CUANDO VOLVIMOS DE COSTA RICA
Cuando venció el plazo legal
que la Corte Interamericana de DDHH dio al estado Argentino
para cumplir la condena en el Caso Bulacio, denunciamos que
"cumplir a medias no es cumplir". Informamos entonces que,
largamente vencido el término de seis meses desde el fallo
internacional de septiembre de 2003, la Argentina no había
avanzado un milímetro en las dos cuestiones fundamentales
impuestas por la sentencia: reactivar la causa penal contra el
comisario Miguel Angel Espósito, con plena intervención de la
familia Bulacio, y revisar la legislación y prácticas que
facultan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones
arbitrarias.
Debido a ese informe, la Corte
IDH intimó al estado argentino a cumplir, dándole un nuevo
plazo que venció el 31 de enero pasado. Nuevamente debimos
informar al tribunal internacional que seguimos como cuando
volvimos de Costa Rica. Después de tener a estudio la causa
desde febrero de 2003, la Corte Suprema sacó de apuro un
fallo el 23 de diciembre de 2004 dictaminando que la
acción penal no está prescripta y por ende el trámite debe
continuar. Lo notable es que, aunque todos los Supremos
admiten que lo dispuesto por la Corte IDH es de aplicación
obligatoria para la Argentina, varios de ellos (Raúl Zaffaroni
entre ellos) expresamente señalan que no comparten el criterio
de la Corte Interamericana en este caso, ya que viola el
derecho de defensa del comisario, y que lo acatan contra su
voluntad porque de lo contrario el estado argentino quedaría
internacionalmente comprometido...
Como si esto fuera poco, no
dicen una palabra de la otra cuestión ordenada por el tribunal
interamericano, que es la reposición de la madre de Walter
Bulacio como querellante en la causa. Recordemos que un mes
antes de decretar la prescripción de la acción penal, la Sala
Sexta de la Cámara de Apelaciones resolvió que los abogados de
CORREPI, apoderados de la mamá del adolescente apaleado en la
comisaría 35ª, debían ser apartados de la causa ya que la Sra.
Scavone de Bulacio no era la víctima directa del hecho.
Presentamos un pedido de aclaración a la Corte Suprema,
preguntando si se habían olvidado de resolver el tema o si
entendían que no era obligatorio el fallo internacional, pero
ni siquiera nos contestaron el escrito, con el argumento de
que no somos parte en la causa.
Esta semana, a casi un mes de
cumplirse 14 años de la detención y muerte de Walter Bulacio,
informaremos a la Corte IDH esta nueva instancia de
incumplimiento, así como la subsistencia, cada vez más
ampliada, de las facultades policiales para detener personas
arbitrariamente.
CONTRA LA
TORTURA
Como estaba anunciado, el
viernes 4 de marzo nos movilizamos a los tribunales de Lomas
de Zamora para denunciar la complicidad y el encubrimiento del
aparato judicial en las causas por tortura. Haciendo eje en
dos casos paradigmáticos de la zona, el de Jorge "Chaco"
González y el de Diego Gallardo, fuimos a exponer la habitual
conducta de jueces y fiscales que hacen malabares jurídicos
dignos del Circo de las Estrellas con tal de no usar la
palabra "Torturas", y menos aún si es seguida de muerte de la
víctima.
Es que calificar como
aplicación de torturas un hecho implica reconocer que hay una
política de estado que avala los tormentos como método
cotidiano de las fuerzas de seguridad, en especial policías y
guardiacárceles. Y los guardianes de la ley no están
dispuestos a morder la mano que les da de comer. Para eso
tienen a su disposición todo un menú de figuritas livianas que
los legisladores les han servido en el Código Penal. Para qué
ofender oídos sensibles hablando de torturas, si se puede ser
políticamente correcto y limitarse a un apremio, una severidad
o una vejación.
Y si la víctima murió, para
eso están las formas atenuadas de homicidio, como en el caso
de Chaco, donde después de más de dos años de pelea apenas se
animaron a calificar como "homicidio preterintencional" la
conducta de los policía Quevedo y Concha, que lo patearon
hasta que se quedaron sin ganas, pero claro, para el juez y el
fiscal la intención fue de lesionar, no de matarlo... qué mala
suerte que el muchacho tenía una precaria salud y se les
quedó.
O el caso de Diego, con 57
lesiones comprobadas en la autopsia, varias fracturas en el
cráneo, y el esófago y el estómago literalmente
reventados. Acá era difícil bajar a un delito
excarcelable, entonces hicieron un pase de manos, y
convirtieron la tortura seguida de muerte en homicidio
calificado en concurso con vejaciones. Es que homicidio
suena a crimen individual, no institucional, y zafa el
prestigio de la fuerza.
Medio centenar de compañeros,
en su mayoría familiares y amigos de víctimas de la represión
policial, acompañaron a las familias Gallardo y González
frente a los tribunales de Lomas de Zamora. Desde barrios tan
distantes como Ciudad Oculta, Bosques, González Catán, San
Fernando, Rafael Castillo, estuvieron presentes Delia Garcilazo y su hija, Estela Rivero y su
hermana, las hermanas Otero, el
Sr. Redondo, Estela Vázquez con toda su
familia, Esther Lobatto, la abuela de Yiyi Guerra,
Antonio Sánchez con sus hijos.
Mientras se repartían
volantes con la denuncia a los abogados y transeúntes,
marchamos por Larroque hasta la intersección con el Camino
Negro, donde permanecimos ocupando un carril de cada mano
para luego desplazarnos hasta la sede de las fiscalías
ubicadas del otro lado de la avenida. De regreso al edificio
principal, ingresamos al predio, y una delegación de
familiares exigió ser recibida por los fiscales y jueces de
garantías, a los que reclamaron que dejen de encubrir
torturadores.
Pese a que por largo rato
nuestra presencia entorpeció el tránsito vehicular en el
cruce de Camino Negro y Larroque, fue notable la simpatía con
que los pasajeros de los colectivos y combis, los camioneros
abundantes en la zona y los conductores particulares (salvo
alguno de vidrios polarizados) leían los carteles y banderas y
recibían y guardaban los volantes.
PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
16 de marzo, 19:00,
Charla Debate con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
y CORREPI sobre el 24 de Marzo y sus alcances actuales.
Participará la compañera Luz Palmás Zaldua. Lugar a confirmar,
en zona céntrica.
18 de marzo, sentada por la
reapertura de la causa por el homicidio de Marcelo "Peca"
Rivero, en los tribunales de Morón a las 10:00.
24 de marzo, acto en Plaza de
Mayo bajo la consigna HOY COMO AYER, BASTA DE IMPUNIDAD,
HAMBRE, ENTREGA Y REPRESION.
CORREPI
EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por
medio.
Próximamente, CORREPI en FM EN
TRÁNSITO
CORREPI
Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucional
correpi@fibertel.com.ar
correpi-prensa@fibertel.com.ar
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